La potencia: sobre cómo enferman los agroquímicos.
Por Claudia Quinteros
“Para el que mira sin ver/la tierra es tierra nomás/ Nada le dice la pampa/Ni el arroyo ni el sauzal”
Atahualpa Yupanqui
ENTRE CAMPOS Y CUADERNOS
En el año 2001, Estela Lemes tomaba el cargo de directora de la Escuela Rural nro. 66 “Bartolito Mitre”, ubicada en el paraje Costa Uruguay Sur, a 15 km de la Ciudad de Gualeguaychú. Bien en el centro, rodeada de campos, en un sitio privilegiado, con un paisaje increíble, animales y agua sin contaminar: un lugar sano. Allí se instaló junto a sus hijos. De a poco, ese sitio se transformó en su lugar de trabajo y también en la vivienda que usualmente se le asigna a quien estará al frente del establecimiento. El edificio no contaba con pisos, ni con baño, tampoco tenía comedor. Pero Estela embelleció el espacio, no solo para la familia sino para los alumnos. En sus comienzos eran muy poquitos. Hoy, si bien hay unas siete escuelas rurales en la zona y entre todas no suman más de cuarenta estudiantes, la “Bartolito” es la que mayor matrícula tiene, con ciento nueve asistentes.
LLUVIA ÁCIDA
No pasó mucho tiempo hasta que los campos se transformaron en verde intenso. Aparente “pura vida”, que llamaba la atención, no sabían de qué se trataba hasta que, cuando transcurría el 2006, un campo lindero fue el primero en sembrar soja. Justo ese año habían egresado tres alumnos, así que la última foto en la escuela la sacaron con el verde sembrado a sus espaldas.
Los aplicadores pasaban fumigando y los niños, algunos hijos de peones a cargo de la tarea de fumigar en campos linderos, decían que era “remedio para las plantas”. Estela Lemes jamás imaginó que este “remedio” sería nada menos que para curar la soja, que tantos bolsillos llenaría y tantas secuelas dejaría en su cuerpo y el medio ambiente.
Un mediodía, mientras celebraban el día la madre en familia, pasó la fumigación y el aplicador derramó su veneno encima del asado que, obviamente, no pudieron comer. Entonces, Estela comenzó a poner foco en qué sucedía y a investigar esa lluvia ácida que caía de la avioneta. Agotó instancias en conversaciones con los dueños de los campos, los peones y las familias de los alumnos.
GRITO VIVO
“Un mundo en cada gramilla/adiós es en el cardal/Y, pensar que para muchos/la tierra… es tierra nomás”
Atahualpa Yupanqui
Las fumigaciones siempre eran en septiembre, octubre, y coincidían con las reacciones alérgicas en los cuerpos de sus hijos, que los médicos atribuían a lo estacional. Pero en 2010 comenzaron a aparecer los mosquitos, esos pequeños aviones, cuyos pilotos pulsan el botón del veneno. Entonces, Estela decidió denunciarlos ante las autoridades provinciales: 2010, 2011, 2012 fueron años abrumadores. Con una particularidad, en 2012, las fumigaciones resultaron terrestres y no por ello menos tóxicas.
En 2010, Estela presentó un video filmado con su mismo celular donde mostraba cómo un mosquito fumigaba a pocos metros de la escuela y, mientras hacía maniobras, dejaba caer el veneno sobre niños y docentes. Algo diferente a cómo había ocurrido en otras oportunidades, esta vez quedaron los asistentes a la escuela atrapados bajo una nube: la avioneta escupía sin piedad y el viento empujaba. Aun cuando intentaban en vano detenerla con el agitar de sus brazos, sus guardapolvos y sus gritos, el piloto no dejaba de pulsar el botón. Nada lo conmovió y derramó hasta la última gota de veneno. Entonces, Estela hizo entrar a los gurises y llamó a sus padres para que los retiraran. También se comunicó con la radio de la zona y con la policía.
Ese fue su límite. Ahí es donde comenzó su peregrinar. Realizó la primera denuncia penal en la “Secretaría de Ambiente Municipal”, denuncia que repitió durante los años siguientes. Aunque estaba fuera de su ejido, fue escuchada. Tal es así que Gualeguaychú resultó pionera en prohibir la utilización de agrotóxicos y reguló para que la ciudad quedara libre de glifosato, insecticida que se vendía en ferreterías y hasta en un hipermercado, exhibido en góndola.
Diez años después de las primeras fumigaciones y denuncias, el Estado le propuso realizar estudios en laboratorio, análisis específicos que solo se realizan en Mar del Plata. Estela accedió y lamentablemente obtuvo el resultado temido: “Glifosato en sangre”. A partir de allí, siguió un largo recorrido judicial. Al principio, casi en soledad, solo acompañada por sus hijos y algunos amigos. En esas estaba, cuando llegó a la Unidad Fiscal de Delitos contra el medio Ambiente (UFIMA). Los funcionarios de dicha unidad se presentaron en “la Bartolito”, pero desestimaron la presencia de agrotóxico y cerraron la causa.
Sin embargo, a Estela nada la detenía y presentó una demanda en la ART, en el Consejo General de Educación y en el Superior Gobierno de Entre Ríos. En 2014, le detectaron una grave enfermedad producto de la exposición a los venenos: la polineuropatía que afectó sus músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria. Primero, se enteró que tenía clorpirifos en su cuerpo, un insecticida utilizado para controlar plagas de insectos. Después de esto, vino una neuropatía aguda. Para la parte neuronal ya no hay tratamiento.
INJUSTA JUSTICIA
“Lucho por mí, por mi enfermedad y por mis gurises, para que se sepa que los agroquímicos enferman y matan. No tengo miedo al poder”
Estela Lemes
Aunque la situación era explícitamente grave, la justicia no escuchó a la directora, no le creían, no reconocían la prueba del clorpirifos y, durante esos años, los campos linderos seguían siendo pulverizados y, la escuela, rociada. De este modo, quedaba expuesto el “poder” de ruralistas, terratenientes, productoras de semillas, fertilizantes y agroquímicos, gobernantes e ingenieros agrónomos.
Un relevamiento, realizado por la Campaña “Paren de fumigar las escuelas“ y el gremio que nuclea a los docentes entrerrianos, estableció que el 80% de las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos padece fumigaciones con agrotóxicos. A pesar de los traspiés, la lucha de Estela siguió adelante. Ella no renunciaría hasta que se garantizaran sus “derechos básicos”.
En 2016 la causa se reabrió. Se demandó a la ART para que se hiciera cargo de su tratamiento, muy costoso. Fueron años de espera y sufrimiento por la enfermedad. Pero, en el mes de mayo de este 2021 y a pesar de todas las trabas, la justicia falló a su favor y reconoció que la polineuropatía que padece fue provocada por las fumigaciones. Así, Estela logró el pago del tratamiento y una indemnización a su favor. Fue un caso que marcó un precedente histórico sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud.
“Lamentablemente, el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos atenta contra la salud de la gurisada”, afirma Estela. El funcionario solo estableció por decreto distancias de protección ínfimas e inútiles, ya que el veneno llega a lugares impensados, llevado por el viento. El gobernador también creó las “Unidades Centinelas”, que deberían integrar los directores de escuelas rurales. De ese modo se constituirían en “banderilleros del agronegocio”. Se trata de una decisión nefasta, que expone en vez de proteger a los docentes.
TIERRA QUE SANA
Estela Lemes alzó la voz durante casi diez años y enfrentó con dignidad al sistema perverso del agronegocio. Hoy, Estela volvió a vivir a la escuela, sola, porque sus hijos ya se independizaron. Aunque, vale aclarar, durante el tiempo en que no residió en “La Bartolito” nunca dejó de ser su directora. Ella sigue su tratamiento, pero en otro contexto. Los campos linderos ahora se dedican a la ganadería, están arrendados y no se fumigan, salvo en los campos más alejados.
En la Provincia de Entre Ríos, en 2018, la justicia prohibió fumigar a menos de tres mil metros de las escuelas rurales por vía aérea y, a mil metros, si se hace por vía terrestre. Pero, mediante un decreto, el Gobernador Gustavo Bordet intentó reducir la distancia a quinientos y mil metros. Sin embargo, no pudo: el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia observó ausencia de rigor científico en el decreto y lo anuló. Lo consideró violatorio de la Constitución provincial y nacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aun así, los poderosos se hicieron escuchar nuevamente. Mediante presión, en agosto del 2019, lograron otro decreto, que permitía las fumigaciones a mil y a quinientos metros, pero contados desde el casco de la escuela. Por lo tanto, un patio escolar puede lindar con un campo sojero donde se fumiga, aunque no es el caso de la escuela que dirige Estela. En este contexto, el Vicepresidente de la Federación Agraria de la Provincia pidió que saquen a las escuelas rurales de los campos. “Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción.”, manifestó.
Hagan lo que hagan los dueños del veneno, ella no ceja. Con los alumnos, lleva adelante una huerta agroecológica. Así es que el lema de la escuela resulta “Alimentación Saludable”.
“Los gurises son mi responsabilidad y yo tengo esta lucha. No me van a callar”, dice Estela, sin dejar de emocionarse.
